Deudas de la sociedad y patrimonio del administrador: cuándo deja de proteger la responsabilidad limitada

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Una sociedad de capital separa el patrimonio de la empresa del de quien la administra, pero la Ley de Sociedades de Capital prevé supuestos en los que esa separación cede. El más habitual en pymes depende de una cifra del balance y de un plazo de dos meses que muchos administradores no tienen presente hasta que reciben una reclamación.

Si las pérdidas dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, el administrador dispone de dos meses para convocar la junta general (art. 365 LSC).Si no actúa en plazo, responde solidariamente de las deudas sociales posteriores a la causa de disolución, que la ley presume posteriores salvo prueba en contrario (art. 367 LSC). Si fue nombrado con la causa ya existente, solo de las posteriores a su aceptación.Las pérdidas de 2020 y 2021 quedan fuera de ese cálculo hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026 (art. 30 del Real Decreto-ley 7/2026). Conviene revisar el balance antes del 31 de diciembre.Si la sociedad está en insolvencia actual, el deber es solicitar el concurso en dos meses (art. 5 del texto refundido de la Ley Concursal).

Qué activa la obligación del administrador

El artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (LSC) establece como causa de disolución las pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social, salvo que el capital se aumente o se reduzca en la medida suficiente y siempre que no proceda solicitar el concurso.

La referencia es el patrimonio neto, no el importe de las pérdidas de un ejercicio. Una sociedad con reservas puede acumular pérdidas superiores a la mitad de su capital sin incurrir en la causa; otra que arrastra resultados negativos de años anteriores puede hacerlo con pérdidas mucho menores.

Desde que concurre la causa, el administrador debe convocar la junta general en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución (art. 365.1 LSC). Si figura en el orden del día, la junta puede optar en su lugar por remover la causa: ampliar o reducir capital, o reforzar el patrimonio con aportaciones de los socios (art. 365.2 LSC). Si la junta no llega a constituirse o el acuerdo es contrario a la disolución, el administrador dispone de otros dos meses para solicitar la disolución judicial (art. 367.1 LSC).

No hay obligación de convocar mientras se haya solicitado el concurso o comunicado al juzgado la apertura de negociaciones para un plan de reestructuración; en ese caso, la junta debe convocarse en los dos meses siguientes a que esa comunicación deje de producir efectos (art. 365.3 LSC).

De qué deudas responde y de cuáles no

El incumplimiento de esos plazos convierte al administrador en responsable solidario de las obligaciones sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución (art. 367.1 LSC). No alcanza a las deudas anteriores, pero la carga de la prueba juega en su contra: salvo prueba en contrario, las obligaciones reclamadas judicialmente se presumen posteriores (art. 367.2 LSC).

El Tribunal Supremo describe esta responsabilidad como una garantía legal: si el administrador incumple el deber de promover la disolución en plazo, la ley lo constituye en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces (STS 601/2019, de 8 de noviembre, citada en la STS 215/2020, de 1 de junio).

Para el administrador nombrado cuando la causa ya existía, el plazo de dos meses empieza con la aceptación del cargo y la responsabilidad alcanza solo a las obligaciones posteriores a esa aceptación (art. 367.1 LSC, en la redacción de la Ley 16/2022). La reforma recogió la doctrina de la STS 601/2019, que el Supremo ha reiterado en la STS 323/2026, de 26 de febrero. Tampoco responde de las deudas posteriores a su cese.

La ley prevé además una salida: el administrador no responde de esas deudas si, dentro de los dos meses, comunica al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de reestructuración o solicita el concurso. Si el plan no llega a alcanzarse, el plazo se reanuda cuando la comunicación deja de producir efectos (art. 367.3 LSC).

Señales que conviene vigilar

Las alertas operativas suelen anticipar lo que después reflejará el balance: deudas que crecen trimestre a trimestre, pagos ordinarios que se atrasan y se acumulan, o la necesidad de pedir aplazamientos a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social.

El cálculo del patrimonio neto tampoco queda a criterio del administrador. El Tribunal Supremo exige hacerlo conforme a las normas contables, con los ajustes que la normativa prevé a efectos de disolución por pérdidas (STS 215/2020, de 1 de junio).

La medida práctica es calcular el patrimonio neto a efectos mercantiles con cada cierre trimestral, sin esperar a la formulación de las cuentas anuales.

Cierre de 2026: las pérdidas de 2020 y 2021 vuelven al cálculo

Desde 2020, una sucesión de normas permite no computar las pérdidas de 2020 y 2021 al comprobar si existe causa de disolución por pérdidas. La última prórroga figura en el artículo 30 del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, convalidado por el Congreso el 26 de marzo, y la mantiene hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026. Las dos prórrogas anteriores (Real Decreto-ley 16/2025 y Real Decreto-ley 2/2026) decayeron al no ser convalidadas.

Las pérdidas de 2022 a 2026 sí computan. Si, excluidas las de 2020 y 2021, dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital, el administrador debe convocar la junta en los dos meses siguientes al cierre del ejercicio (art. 30.1 del Real Decreto-ley 7/2026).

Para las sociedades con ejercicio natural, la referencia es el cierre a 31 de diciembre de 2026. Salvo nueva prórroga, a partir de ahí las pérdidas de 2020 y 2021 vuelven a sumar, y una sociedad que hoy no está en causa de disolución puede pasar a estarlo.

Antes de esa fecha conviene hacer el cálculo con cifras provisionales incluyendo esas pérdidas. Si el resultado queda por debajo de la mitad del capital, todavía hay margen para preparar una ampliación de capital o aportaciones de socios.

Las salidas previstas en la ley

Cuando la sociedad es viable, lo habitual es recomponer el patrimonio mediante ampliación de capital, reducción para restablecer el equilibrio o aportaciones de los socios. Si no lo es, la opción ordenada es acordar la disolución y liquidación.

Si las dificultades afectan a la capacidad de pago, el texto refundido de la Ley Concursal ofrece dos vías. El plan de reestructuración puede utilizarse desde la probabilidad de insolvencia, es decir, cuando es objetivamente previsible que la sociedad no podrá atender las obligaciones que vencen en los dos años siguientes (art. 584), y puede ir precedido de una comunicación de apertura de negociaciones al juzgado (art. 585). Con insolvencia actual, el deudor debe solicitar el concurso en los dos meses siguientes a conocerla o haber debido conocerla (art. 5). Si los administradores incumplen ese deber, el concurso se presume culpable salvo prueba en contrario (art. 444.1.º), con consecuencias que pueden alcanzarles.

Una vía distinta: las deudas con Hacienda

Al margen de la LSC, el artículo 43.1.b) de la Ley General Tributaria declara responsables subsidiarios a los administradores de sociedades que han cesado en su actividad, por las deudas tributarias pendientes en ese momento, cuando no hicieron lo necesario para su pago. El Tribunal Supremo exige que la Administración, además de acreditar el cese y las deudas pendientes, motive en el acuerdo de derivación la negligencia del administrador, en especial en las obligaciones dirigidas a la disolución ordenada de la sociedad (STS 1037/2025, de 17 de julio).

Preguntas frecuentes

¿Responde el administrador de las deudas anteriores a la causa de disolución?

No por la vía del artículo 367 LSC, que solo alcanza a las obligaciones posteriores. Las anteriores solo podrían reclamarse por otras vías, como la acción individual del artículo 241 LSC, prevista para actos del administrador que lesionen directamente los intereses del acreedor.

¿Qué ocurre si la junta no acuerda la disolución ni la recomposición del patrimonio?

El administrador debe solicitar la disolución judicial en el plazo de dos meses desde la fecha prevista para la junta, si no llegó a constituirse, o desde el día de la junta, si el acuerdo fue contrario a la disolución (art. 367.1 LSC).

¿Estar en causa de disolución equivale a ser insolvente?

No. La causa de disolución se mide con el patrimonio neto y la insolvencia con la capacidad de atender los pagos exigibles. Una sociedad puede tener el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital y pagar con normalidad, y otra puede ser insolvente con un patrimonio neto positivo.

¿Se siguen excluyendo las pérdidas de 2020 y 2021?

Sí, hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026, según el artículo 30 del Real Decreto-ley 7/2026. Las pérdidas de los ejercicios 2022 a 2026 sí se computan.

¿El administrador nombrado después responde de las deudas de su antecesor?

No. Si la sociedad ya estaba en causa de disolución cuando aceptó el cargo, dispone de dos meses desde la aceptación y, si no actúa, responde solo de las obligaciones posteriores a esa fecha (art. 367.1 LSC; STS 323/2026, de 26 de febrero).

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